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La Junta de Gobierno aprueba el avance del Plan de Movilidad Urbana, Sostenible y Accesible de Cartagena

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La Junta de Gobierno, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa Ana Belén Castejón, ha aprobado el avance del Plan de Movilidad Urbana, Sostenible y Accesible de Cartagena, que encara a partir de ahora un proceso de participación ciudadana que duplica el plazo de 30 a 60 días para recoger las necesidades de los diferentes agentes implicados en la movilidad urbana así como de otras entidades y de vecinos interesados en participar a título individual.

“Se trata de un documento que marcará las políticas de movilidad para las próximas décadas, que llega en el momento más apropiado, al contener las normas que la DGT ha empezado a anunciar en materia de reducción de la velocidad o sobre los vehículos de movilidad personal, lo que lo convierte en el plan de movilidadmás actualizado de España”, ha reconocido la vicealcaldesa, Noelia Arroyo.

Arroyo ha destacado el trabajo realizado con la UPCT y técnicos municipales especializados en materia de tráfico, e introduce normativas que ya recogen los avances que se está produciendo a nivel mundial en materia de tráfico, con nuevas normas en materia de velocidad y teniendo en cuenta las nuevas formas de entender la movilidad, con conceptos como la pacificación del tráfico, dar protagonismo al peatón, la reducción de los impactos sonoros, los nuevos usos de vehículos de movilidad personal, etc.

“Muchas fórmulas en materia de movilidad que suenan nuevas ya están incorporadas a nuestro borrador, y es un documento que se entrega a la sociedad para su debate en el momento más oportuno posible”, ha expuesto Arroyo, quien recuerda además que en este momento se están realizando los grandes diseños del transporte regional, por lo que “la oportunidad es máxima”.

INCORPORACIÓN DE FACTURAS AL PRESUPUESTO DE 2021

La Junta de Gobierno, a propuesta de la Tesorería Municipal, ha incorporado a las partidas del presupuesto de 2021 facturas de diferentes servicios municipales que habían quedado pendientes de tramitar en 2020. Todas ellas, por importe de 1,2 millones de euros, se presentaron fuera de plazo y aunque disponían de la correspondiente consignación, no pudieron tramitarse al cierre del ejercicio.