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La corrupción del PP de Cartagena al desnudo: el Tribunal de Cuentas ratifica las irregularidades en Lhicarsa

Declaraciones de José López
Declaraciones de Jesús Giménez
  • José López: “Confirman la trama que viene denunciando MC durante más de una década”
  • Jesús Giménez anuncia que la formación cartagenerista exigirá una Comisión de Investigación

Ayer, MC Cartagena daba a conocer algunas de las consideraciones del informe emitido por el Tribunal de Cuentas que confirma la especial ‘delicadeza’ que los diferentes gobiernos del PP (con la colaboración necesaria del PSOE) han mantenido durante las últimas décadas con las empresas beneficiarias de los grandes contratos de servicios.

En este caso concreto, el órgano de fiscalización ha puesto su foco en la ausencia de control sobre el contrato de limpieza en favor de la mercantil Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. (Lhicarsa).

El informe detalla, entre otros asuntos, la falta de control sobre el contrato hasta la llegada de MC a la Alcaldía, así como el afán obstruccionista del Gobierno de N. Arroyo (PP) para facilitar la labor del Tribunal de Cuentas en el estudio sobre la gestión del servicio.

Ha comenzado tomando la palabra el portavoz de nuestra formación, José López, reseñando que lo certificado por el Tribunal de Cuentas confirma la veracidad de la “trama que viene denunciando MC durante más de una década”.

A continuación, ha alabado a los “funcionarios valientes que hicieron un gran trabajo durante la Alcaldía de MC”, especialmente a los “seis funcionarios que han permitido desentrañar este escándalo aunque les haya costado ser cesados o trasladados”.

De igual forma, José López ha recordado que “esta investigación y la del contrato del agua provocaron la salida de MC del Gobierno (en 2017)”.

“El contrato de limpieza está más sucio que nuestras calles”

Por su parte, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, ha comenzado poniendo de manifiesto que “el Tribunal de Cuentas nos da la razón en todo: el contrato de limpieza de Cartagena está más sucio que nuestras calles”.  

Profundizando en el informe del órgano encargado de fiscalizar las cuentas del sector público ha reseñado que “con el PP en el Gobierno no se ha hecho nada legal y la duración del contrato y las prórrogas son ilegales, además de contrarias a la libre competencia”.

Ahondando en esta cuestión ha explicado que “las prórrogas se fundamentaron en inversiones que no se acreditan”, situación que fue detectada por el técnico municipal en 2017 fruto del trabajo de fiscalización impulsado por MC desde 2015, algo que no evitó que la Asesoría Jurídica municipal determinara que “se siguiera pagando”.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas confirma que hasta la llegada de MC al Gobierno en 2015 no existía fiscalización del servicio de Lhicarsa, contrato que dio inicio en 1995. Igualmente ha puesto de relevancia cómo “pagamos de más”, iniciándose el contrato en 9 millones y llegando a pagar actualmente 36 millones, al eliminarse el riesgo de la empresa con los acuerdos de revisiones del PP, “carentes de cobertura legal” según el Tribunal de Cuentas.

También se han desgranado algunos números y situaciones difícilmente justificables: los cartageneros pagan 3 millones al año en asistencia técnica; beneficios para la empresa por los subproductos que no se acredita haber sido justificados, como ocurre con los dividendos, además de señalar que FCC se quede con un 20% del biogás producido.

Exigencia de información y Comisión de Investigación

Jesús Giménez ha señalado que ayer MC solicitó por Registro toda la documentación que se le está ocultando al Tribunal de Cuentas: facturas y actas de las inversiones realizadas desde 2011 a 2020; las cuentas anuales de Lhicarsa desde 1995; la relación de trabajadores municipales que debían incorporarse al servicio de limpieza; la justificación de la asistencia técnica; los acuerdos municipales de revisión de precios de 2006 a 2011 y el justificante de los ingresos derivados del tratamiento y revalorización de residuos.

Por ello, ha avanzado que se solicitará en el próximo Pleno una Comisión de Investigación para conocer el motivo por el que se oculta esta información y quién es el responsable.

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